Este jueves 27 de abril el ex concejal y actual funcionario de la Gobernación de Córdoba, Devier Acosta Pimienta, hizo público en su cuenta de Facebook un video en el que denuncia al actual alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, por detrimento patrimonial al “sacar del municipio 600 millones de pesos para entregar de manera coloquial a las ligas deportivas departamentales”.
Según Acosta Pimienta, el alto mandatario del municipio “no podía celebrar un convenio con un ente departamental como lo son las Ligas porque es algo que no permite la Ley ni la constitución”, todo esto porque los niveles jerárquicos deportivos nacionales no tienen conexión con las alcaldías, ya que las Ligas y los comités departamentales de Ligas son de nivel departamental como lo dice el decreto ley 1228 de 1995.
“Como él sabía que eso no se podía hacer, quiso hacerle el ‘esguince’ a la ley, contratando no con las Ligas, sino con la Asociación de Ligas Deportivas del departamento de Córdoba para posteriormente entregarles, como si fuera tienda de barrio, a cada una de las Ligas una porción de esos 600 millones de pesos, haciendo una celebración indebida de contrato”, dice el funcionario de la Gobernación de Córdoba y hombre cercano a Juan Manuel López Cabrales y la senadora Arleth Casado en otro de los apartes del video, en el que además aclara que la Asociación de Ligas Deportivas también es de carácter departamental.
La denuncia va mucho más allá, pues según Acosta Pimienta, muchas de las Ligas a las que se les entregó dinero, no tenían personería jurídica y por ende reconocimiento deportivo.
“Peor aún, le dio 15 millones de pesos a un muerto. La Liga de Discapacidad de Córdoba no tiene personería jurídica y el presidente de esta Liga, Jairo Darío Cabrales, falleció en el mes de junio (2016). ¿Cómo hizo el señor alcalde, a quién le entregó los recursos en su último anticipo del mes de diciembre (2016) si el presidente ya había muerto?”, manifiesta Acosta Pimienta en el video que ya casi alcanza las mil reproducciones.
Este tema comienza a generar polémica en Montería entre los seguidores y detractores del actual mandatario local, no obstante serán los entes de control (Contraloría y Procuraduría) quienes a través de una auditoría determinen la veracidad de la denuncias del ex concejal.