Un duro pronunciamiento hizo el concejal Leonel Márquez en contra de la permisividad de la Superintendencia de Servicios Públicos, organismo que ha permitido los abusos cometidos por Electricaribe, entre ellos el presunto desfalco por 78.500 millones de pesos.
El cabildante monteriano dijo que además de la grave responsabilidad de la empresa Electricaribe que utilizó esos recursos para tapar sus deudas, cuando los dineros eran para subsidiar usuarios pobres de la región caribe, también se debe reclamar la actuación de la interventoría, en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“En estos contratos brillan por su ausencia las interventorías. ¿Por qué no llaman a la de Electricaribe a responder por esta delicada denuncia de la Contraloría General?», expresó el dirigente.
Dijo así mismo que estas irregularidades son propiciadas desde Bogotá, donde se cocinan esos contratos y con leyes hechas desde el Congreso los acomodan.