Los operadores de telefonía Claro, Tigo y Movistar tendrán que pagar unas sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio por “amarrar” o condicionar ilegalmente el acceso a la compra de equipos, a través de la suscripción de un plan de servicios bajo la modalidad pospago.
Las sanciones impuestas ascienden a $9.221.460.625 pesos, y son hechas por las cláusulas de permanencia mínima en servicios móviles que aún siguen utilizando ciertas telefonías, luego de haber sido eliminadas el 1 de julio de 2014.
Este tipo de cláusulas condicionaba ilegalmente al usuario el acceso a la compra de equipo, debido a que imponían condiciones y restricciones específicas, que de cumplirse, darían lugar a la pérdida del beneficio adquirido (cuotas gratis), tales como la disminución del cargo básico mensual del plan pospago; la terminación del contrato, y el cambio de pospago a prepago.
En el Régimen Integral de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se prohíbe la interdependencia entre el contrato de compraventa del equipo y el contrato de prestación de servicios, púes la CRC establece que estos contratos deben pactarse de manera separada y además que sus condiciones no pueden verse afectadas por lo que ocurra durante la ejecución del otro contrato.
Las sanciones impuestas a las telefonías por la Superintendencia de Industria y Comercio en segunda instancia son:
– Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar): $3.331.446.560 pesos.
-Comunicación celular S.A. Comcel S.A. (Claro):$4.832.390.095 pesos.
– Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo): $1.057.623.970 pesos.
Total: $9.221.460.625 pesos.