Los Planes de Alimentación Escolar se han convertido en el baloto para hacer ricos a algunos contratistas que devengan grandes cantidades de dinero, a costa de la alimentación de los niños y Montería no es la excepción.
La Procuraduría General de la Nación inició acciones con el fin de proteger los derechos de los menores y para ello ordenó la apertura de una investigación en Montería, considerada como uno de los casos más dramáticos, al igual que Cartagena.
De acuerdo con lo señalado por el procurador Fernando Carrillo, a pesar de que el calendario escolar inició el pasado 29 de enero, a la fecha hay 89.718 estudiantes por fuera del programa. “De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar”, concluyó el procurador.
Explicó que en total se iniciaron 24 acciones en 4 departamentos y 12 municipios del país, así como 39 indagaciones preliminares en 11 departamentos del país por presuntas irregularidades en la ejecución del Plan de Alimentación Escolar.
En Montería no han empezado el programa y por ello 18.900 estudiantes que están en jornada única no están recibiendo los alimentos, así como tampoco los 11.200 que están en jornada regular y deberían recibir complemento alimenticio.
La licitación fue declarada desierta porque los proponentes no cumplían los requisitos, según ha señalado la administración local, pero algunos de los interesados indicaron que no pueden cumplir con el alto porcentaje que les exigen para la adjudicación del contrato, pues los recursos tendrían que disminuirse de la ración que dan a los menores.