En Córdoba no paran las investigaciones, para nadie es un secreto que en estos últimos meses un grueso número de políticos cordobeses han dejado mal parado al departamento a nivel Nacional, la mayoría, por verse inmersos en actos de corrupción, pero que al final los entes de control no imponen medidas ejemplares para aniquilar este fenómeno que se queda con gran parte de los recursos que deberían ser invertidos en las comunidades.
Esta vez se conoció que la Personería Municipal de Montería, abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Domingo Montoya Baquero, exsecretario de Planeación Municipal, para la vigencia 2015, por una serie de denuncias públicas y requerimientos ciudadanos relativos al presunto mal uso de la figura de planes de implantación en las edificaciones de la ciudad lo que sería el nuevo ‘Cartel de los Planes de Implantación’.
Los Planes de Implantación son herramientas de planificación que tienen como propósito la realización de estudios urbanísticos que identifiquen los impactos negativos que una actividad potencialmente puede generar en un sitio determinado, y una vez identificado aplicar las alternativas de tipo urbanística y/o arquitectónica que lleven a mitigar las situaciones negativas que impidan el normal funcionamiento de las actividades.
Es decir; son instrumentos para la aprobación y reglamentación del comercio regional y del comercio urbano, en especial los dedicados a la venta de combustible y a los de diversión y esparcimiento. El plan de implantación tiene por objeto evitar los impactos urbanísticos negativos en las zonas de influencia de los predios en los que se vayan a desarrollar los usos contemplados en Artículo 1 Decreto 0578 de 2003.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Contraloría realizó una auditoría a la Secretaría de Planeación y encontró que las resoluciones que aprobaron los planes de implantación de proyectos urbanísticos no estuvieron legalmente motivadas, puesto que en ellas no se especificaron las normas aplicables, como tampoco los criterios, ni formulas cuantitativas para determinar la exigencia de compensaciones urbanísticas a los proyectos de construcción.
Según el informe de la Contraloría, las denuncias acogidas por el ente de control se ubican en los barrios Recreo, Castellana y Monteverde.
“En la gran mayoría a estos planes de implantación no se les realizó modificaciones por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, dentro de la normatividad actual, no se especifican criterios, ni fórmula cuantitativa para determinar la exigencia de compensaciones urbanísticas a estos proyectos; razón por la cual se pudo evidenciar la desproporción y distribución inequitativa de las cargas y beneficios con la autorización de estas compensaciones, contrario a los principios que rigen el ordenamiento de un territorio”, dijo la Contraloría.
Asimismo, la entidad aseguró, “se encontraron resoluciones infundadas, donde no se observan marcos legales ni mucho menos estudios de impactos negativos cuantificados y medibles, ya que estos no profundizan el impacto real de cada proyecto, dando como resultado estrategias de mitigación de los impactos poco convincentes y desacertadas. No se observa en ninguno de los actos administrativos que regulan la normatividad urbana del municipio, criterios específicos de evaluación para la exigencia o no de una compensación; así como tampoco se tiene estipulado un concepto general sobre el tema de las compensaciones urbanísticas a nivel local para los proyectos que así lo requieran”.
Por tal motivo, la Personería usará las pruebas obtenidas que indican que presuntamente la Secretaría de Planeación, en cabeza de Carlos Domingo Montoya Baquero, habría omitido el deber de garantizar que la utilización del suelo se ajustara a la función social de la propiedad, actuación que habría puesto en riesgo la afectación de derechos constitucionales como el de vivienda y los servicios públicos.
Los monterianos que en su momento denunciaron esta situación, esperan que la investigación llegue hasta lo último y castiguen con todo el peso de la ley a los funcionarios involucrados, ya que según manifiestan fuentes de La Lengua Caribe, la curadora, Lina María Esquivel Rubio, también tendría mucho que ver en los supuestos “trueques” hechos por Montoya Baquero. ¿Por qué la Curaduría otorgó las licencias de construcción a estas edificaciones si presentaban irregularidades?
Estos serían los edificios que violan el POT en Montería según la Contraloría:
