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Nuevo escándalo en la salud de Córdoba

Nuevo escándalo en la salud de Córdoba

La administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons está en la mira de la Contraloría General por haber pagado a cuatro instituciones médicas al menos 10. mil millones de pesos por supuestos tratamientos que debían beneficiar a niños con síndrome de Down o autismo.

Esta denuncia se suma a las irregularidades que encontró el organismo de control  en algunas IPS que habrían defraudado al sistema de salud con recobros de más de 44 mil millones de pesos por tratamientos a falsos pacientes de hemofilia.

De los más de 10 mil millones de pesos pagados, la Contraloría encontró que 5 mil 264 corresponden a servicios que debía cubrir el POS, pero que la Gobernación pagó directamente sin cobrárselos a las EPS. “Muchas de estas terapias no se realizaron, pero fueron pagadas dado que se facturaron por paquetes y no individualmente”, dice el organismo de control fiscal.

De esos recursos por terapias, según la Contraloría, el mayor contratista es Funtierra Rehabilitacion IPS Limitada, cuyo representante legal es Tania Margareth Otero Arroyo. Se detectó que a pesar de que esta institución no tenía ningún contrato formal con la Gobernación, terminó recibiendo más de 7 mil millones de pesos.

La investigación que en estos momentos lleva la Contraloría, señala que existe un acta de convenio de dos hojas no membreteadas, documento que para la Contraloría no tiene ningún valor legal, pues “se obviaron los requisitos de ley, como son estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el contrato”.

Otra de las IPS investigadas Crecer y Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación, le entregó al órgano de control soportes de supuestos servicios prestados en tres meses en el 2015. Esos documentos indican que una terapeuta atendió 178 pacientes en dos municipios Planeta Rica y Montelíbano, lo que para la Contraloría es prácticamente imposible pues no se puede atender este número de usuarios en ambas poblaciones los mismos días”.

Como en el caso del ‘cartel de hemofilia’, la Contraloría detectó que los recobros que la Gobernación pagó a las IPS no habían sido autorizados por las EPS de los supuestos niños beneficiados.

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