Aún cuando la Organización de las Naciones Unidas a través de un concepto de obligatorio cumplimiento por primera vez en Colombia, el 19 de abril del año 2017 calificó como arbitraria la privación de la libertad del médico Pedro Pestana Rojas, y el Estado colombiano no se pronuncia al respecto, el condenado sigue siendo víctima de señalamientos que desvirtúan su real sometimiento a la justicia y su condición de indígena perteneciente al pueblo Zenú, del Resguardo Indígena de Córdoba y Sucre.
Como se recordará el 28 de septiembre del 2009, el fundador de la EPS Manexka fue condenado a seis años de prisión junto a su compañero, el administrador de empresas Antonio Martínez Hernández, por parte del Juzgado Penal del Circuito especializado de Bogotá, por el delito de concierto para delinquir.
Desde entonces los abusos y vacíos jurídicos acompañaron el proceso que se convirtió en una verdadera odisea. Los señalamientos y desinformaciones a través de distintos medios de comunicación y redes sociales también dieron cuenta erradamente que el condenado se encontraba «prófugo» de la justicia, cuando en realidad desde la expedición de la medida de aseguramiento en su contra, el 22 de noviembre del 2006, él y su compañero Martínez Hernández se sometieron y entregamos a las autoridades indígenas en el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú Cacique Mexión.
Médico Pestana aclara señalamientos en su contra
La Lengua Caribe dialogó en exclusiva con el médico Pestana quien se encuentra recluido en dicha cárcel indígena junto a Martínez Hernández, desde allí contó lo que ha sido el proceso en su contra.
«Desde antes que se nos dictara sentencia ya habíamos comenzado a descontar tiempo porque nos entregamos, a las autoridades indígenas y comenzamos una batalla jurídica para que se reconociera esta institución de reclusión. Eso fue una lucha para que nos reconocieran, pero al final el 28 de septiembre del 2009 nos condenan, nosotros apelamos esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal se pronuncia el 8 de mayo del 2012, ratificando la condena. Posteriormente se presenta un recurso de casación que es el último ante la Corte suprema de Justicia y el 29 de mayo del 2013 la sala penal de la Corte Suprema inadmite la demanda de casación y nos dicen que tenemos que pagar la pena en una cárcel ordinaria». Relató el médico Pestana quien agregó que.
«Allí insistimos en que se tuviera en cuenta el Centro de Reclusión Indígena donde inicialmente ya habíamos permanecido prácticamente siete años encarcelados sin que se nos definiera la situación, por lo que presentamos una acción de tutela el 5 de marzo del 2014, ante el juez Promiscuo del Circuito de Chinú, y el 5 de marzo del 2014 el juez se pronuncia y nos da la libertad por pena cumplida, teniendo en cuenta que nos condenaron a seis años, y ya teníamos 8 de estar acá, entonces el juez decide darnos la libertad, pero resulta que esa libertad nos la dan en marzo, pero la Procuraduría apeló la decisión ante el Tribunal de Bogotá y este ratificó la decisión del juez. es decir, ratificó nuestra libertad el día 17 de junio del 2014» Refirió. (Por dicho fallo el juez Víctor Castro Yepes, natural de Sincelejo, fue condenado a 54 meses de prisión es decir cuatro años y cinco meses, por el delito de prevaricato por acción).
Según el médico, posteriormente una magistrada auxiliar insistió en que se revisara la tutela. Curiosamente la magistrada fue ponente de la revisión y también hizo parte de la sala para revisar la tutela situación, que también fue irregular, pues la magistrada que insistió en la revisión no podía hacer parte de la sala de decisión y mucho menos ponente de dicha decisión. » En ese proceso dictaminó que nosotros teníamos que quedar a merced de la justicia ordinaria y que debíamos pagar la pena en un centro de reclusión ordinario del Inpec. Sin embargo, nosotros metimos una consideración explicando que ya teníamos 8 años de estar acá y que se nos permitiera pagar la pena en el centro de reclusión indígena. Allí es cuando sale el pronunciamiento de la ONU que dice que la decisión de nuestra privación de la libertad es arbitraria y que se nos debe dar la libertad inmediata»
El Juez 28 de ejecución de Pena, de Bogotá, comisionó el 4 de abril del 2017 al director del Inpec Montería para verificar si el Centro de Arrepentimiento y Resocialización Cacique Mexión (cárcel indígena) reunía las condiciones para que Pestana y Martínez Hernández comenzaran a pagar la pena nuevamente.
«Aquí vino el Inpec, nos reseñó y comenzamos a pagar la pena aquí desde el 5 de septiembre del 2017, es decir tampoco nos valieron los años que ya habíamos estado encarcelados aquí, y comenzamos a pagar la pena nuevamente. Vino el Inpec, nos pusieron un dispositivo electrónico, estamos intramural, y aquí estamos, no estamos libres, no estamos prófugos, estamos pagando la pena en el Centro de Resocialización Indígena, en la cárcel indígena, con un dispositivo del Inpec. No como señalan arbitrariamente algunos medios sin consultar la verdad, que estamos prófugos de la justicia».
Respecto al caso quedan en el aire muchas dudas sin respuestas por parte de la Justicia y el Estado como por ejemplo ¿Por qué luego del pronunciamiento de la ONU (grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias,) No ha existido una respuesta y ha dejado en libertad a los condenados?
¿Si el juez promiscuo del circuito de Chinú, Víctor Castro Yepes, condenado a 54 meses de prisión por dejar inicialmente en libertad a los señalados, ¿Qué va a pasar con los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que confirmaron la decisión? ¿Por qué si se actuaba en Justicia, esta permitió que la magistrada auxiliar siendo ponente de la revisión de la acción de tutela que le dio libertad a Pestana, se le permitió hacer parte de la sala de decisión de dicha tutela?
Así las cosas lo cierto es que los líderes indígenas comenzaron de nuevo a pagar la pena en el Centro de Reclusión Indígena, a la espera que el Estado colombiano se pronuncie en torno a el mandato de la ONU.