De acuerdo con lo anunciado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, la masacre de siete policías ocurrida en zona rural del municipio de Puerto Libertador, en septiembre de 2014, habría sido el resultado de una falla en el servicio que dejó vulnerables a los uniformados ante el ataque de cerca de un centenar de hombres del entonces frente 18 de las Farc.
Por todo lo anterior, el Tribunal tomó la decisión de responsabilizar a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa de estos hechos y ordenó en primera instancia pagar a los familiares de John Luis Barrios Mendoza, quien perteneció al Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar No. 62), 350 salarios mínimos mensuales legalmente vigentes.
Dicha decisión, es teniendo en cuenta la demanda de reparación directa presentada por el abogado de las víctimas, Jairo Osorio, el pasado 18 de enero de 2017.
“La falla en el servicio en esta reparación directa consistió en que se violó una resolución de protocolo de la Policía en la que el Emcar debe estar compuesto por 120 carabineros divididos en tres secciones de 40 y no se podían subdividir y ese día venían apenas 14 policías por lo tanto se considera una falla en el servicio en ese sentido”, precisó el abogado.
El jurista calificó la falla en el servicio como un error garrafal debido a que la zona donde ocurrieron los hechos era roja, “ellos fueron llevados prácticamente a la boca del lobo en una zona tan peligrosa porque 100 guerrilleros contra 14 humildes policías y jóvenes policías, no alcanzaban los 30 años ninguno de los que fallecieron en esa emboscada. Hubo una falla en el servicio garrafal en haber dispuesto la salida de esos agentes”, señaló.
Es de resaltar que, la medida es apelable y el competente para resolver es el Consejo de Estado, y este es el primer proceso que se falla en favor de las víctimas de varios interpuestos por los mismos hechos.