Opinión

Más servidores públicos deben pagar por la trampa mortal de los Quiroz, Defensor del Pueblo Carlos Negret

El Defensor del Pueblo Carlos Negret, presidiendo la audiencia en el Salón de la Casa de la Moneda de la gobernación de Bolívar
Más servidores públicos deben pagar por la trampa mortal de los Quiroz, Defensor del Pueblo Carlos Negret

Por: Lucio Torres

 Humberto Jiménez Pinto—quien ronda los 80 años— ingeniero eléctrico, después de trabajar más de 50 años, en 2013 creyó que podría retirarse tranquilo y dedicase a consentir a sus nietos en su apartamento del edificio denominado Portal de Los Alpes que había comprado aprovechando una oferta económica. Era un sueño que se había hecho realidad, pensó. Cuando quiso obtener la documentación que lo acreditara como propietario del inmueble, pronto se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo: No había comprado un sueño, compró una trampa mortal, la trampa de los Quiroz.

En una audiencia pública realizada la semana pasada con las víctimas de los edificios de los Quiroz, la voz del Defensor del Pueblo Carlos Negret Mosquera, se le quebró y sus ojos se encharcaron al escuchar el testimonio del viejo ingeniero eléctrico que soñaba retirarse con un apartamento donde viviría sus últimos días recibiendo la visita de sus nietos. Pero todo se le ha convertido en un suplicio, el cual se ha multiplicado por la falta de sindéresis en el tratamiento de la información relacionada con este hecho.

La negociación del inmueble la había hecho con Luis Alfredo Rodriguez Cárdenas y Delis del Carmen Quiroz Ruiz, quienes están detrás de las rejas junto con el resto del Clan Quiroz: María Quiroz, Juan Carlos Quiroz Luna, Emis Quiroz Ruiz, Eusebio Rivera Quiroz, Dagoberto Quiroz Ruiz.

El Curador No 1, Ronald Llmas Bustos, quien se quedó en silencio cuando en 2014 Jiménez le dijo que la licencia de los Quiroz era falsa. La tragedia de los 21 muertos se hubiese evitado. Cortesía.

Estos se habían negado entregar los documentos de rigor al nuevo propietario. Ante esta situación, en 2014, Jiménez Pinto fue a la Curaduría No 1 constató la licencia utilizada para la construcción del edificio y se dio cuenta que pertenecía a una casa en otro barrio de Cartagena. Es decir, la habían gemeliado. Le presentó un derecho de petición al curador Ronald Llamas Bustos, y éste nunca le respondió con precisión. Posteriormente fue donde él, y le respondió con esta frase: “Esa firma mía es falsa, eso lo falsificaron”.

Lo peor es que Ronald Llamas se quedó quieto en primera base. Le mamó gallo a Humberto Jiménez y no hizo absolutamente nada para denunciar penalmente a los falsificadores de su firma y de la licencia de construcción. Se quedó en un silencio que lo hace cómplice o copartícipe de la estafa, la construcción ilegal y de la tragedia que enluta a las familias de los 21 obreros que murieron aplastados bajo la mole de concreto del edificio Blas de Lezo II. Si Llamas hubiese alertado a sus empleados, si hubiese presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Rodriguez y Quiroz, seguramente hoy no estuviésemos lamentando toda esta tragedia.

“Observamos que todo era falso. Presentamos una denuncia en 2014 ante la fiscalía 30 de Cartagena, ¡y no hizo nada!”

Humberto Jiménez, en la audiencia con el Defensor del Pueblo. Detrás una abogada damnificada, y Villadiego.

Y su silencio duró hasta que ocurrió la tragedia de Blas de Lezo y la muerte de los obreros. ¿Dónde están las denuncias de Llamas? ¿Por qué Llamas no ha sido llamado por la Fiscalía, ya que su silencio permitió que Rodriguez y Quiroz timaran a los soñadores de tener vivienda nueva? Si a Ronald Llamas le comprueban esta aseveración hecha por Jiménez Pinto, indudablemente deberá ser declarado insubsistente si se le aplica el artículo 67 del Código Penal:

“…el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público” más una pena que será “de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular”.

Por esa razón y con los ojos llorosos, el Defensor del Pueblo al escuchar el testimonio del ingeniero eléctrico en retiro, dijo:

“Ante los ojos llorosos de una persona de tercera edad que había comprado un apartamento al grupo de los Quiroz, y al narrar el momento en que debía desalojarlo, y su nieta de 5 años veía que no podía bajar los pisos, sintió una impotencia y comenzó a llorar, eso genera una sensibilidad imposible de aguantar. La Defensoría oficiará y acompañará a la Procuraduría y a la Fiscalía para que los responsables paguen por los delitos cometidos y se pueda resarcir el daño moral y el daño económico que ha sufrido un grupo de 760 personas en estas 16 edificiones.”

¿Aquí hay un concierto para delinquir publico privado? Fue la pregunta precisa que le hice, y su respuesta fue contundente:

“Aquí nadie vio nada. Ni el constructor vio, ni nadie vio. Se hicieron los edificios y nadie vio nada. Habrá que tener a los responsables y tendrán que pagar con cárcel los que hayan infringido la ley penal, y para eso está trabajando fuertemente el Fiscal General, y el doctor Fernando Carrillo está trabajando fuertemente para que los servidores públicos que estuvieron en el supuesto concierto para delinquir paguen y sean disciplinado como lo debe hacer el señor Procurador”.

En una publicación  del 19 de junio de 2017 (Para estafar y construir en forma ilegal, los Quiroz clonaban licencias de construcción) narramos la tragedia de las víctimas que compraron los apartamentos de los Quiroz, y pusimos en alerta sobre las condiciones técnicas de los edificios piratas, tomando en cuenta el caso del edificio Blas de Lezo I. Además se puso al descubierto la complicidad existente, desde la Curaduría hasta las empresas de servicios públicos y los bancos, y no solamente es el Distrito, el cual es un eslabón de la larga cadena del concierto para delinquir.

Así como los Quiroz, hay 40 constructores piratas en Cartagena de Indias que legalizan sus edificios ante notarías, empresas de servicios públicos que le ponen sus acometidas y los bancos que garantizan los créditos a los compradores. Para entregar un crédito de vivienda, los entes financieros se valen de un concepto de peritos sobre el inmueble. Y cualquier perito —que viene de pericia, de experto— con un simple cotejo de los documentos de la licencia se podría dar cuenta de la falla.

Robinson Villadiego, en su intervención ante el Defensor del Pueblo Nacional y de Bolívar.

Al respecto, el defensor Negret, dijo:

 “Habrá que establecer mayores controles para que eso no vuelva a ocurrir. Aquí ya se cayó un edificio, presentamos una tutela en septiembre de 2017  y el juez falló que se tenían que evacuar esos edificios. Y eso hay que hacerlo de manera preventiva, ojala se puedan recuperar porque es el lugar del los sueños , y del amor de los hijos  de aquellos que adquirieron sus viviendas. Yo digo que hay una tragedia humanitaria. Que de un día para otra le tengamos que decir a unas 760 personas que deben evacuar, desarreglar la vida familiar. Por eso, el alcalde debe atacar a estos corruptos constructores que hacen daños, puesto que también hay 70 créditos hipotecarios”.

Uno de los dinamizadores de las víctimas de los 16 edificios de los Quiroz, es Robinson Villadiego, quien se manifestó satisfecho que el Defensor del Pueblo le escuchara:

“Hemos logrado que el señor Defensor del Pueblo Nacional nos escuchara, la voz sentida de los afectados por unos constructores tramposos. Hemos denunciado la serie de situaciones en la que nos hemos visto involucrado. Cuando adquirimos una vivienda fuimos a las notarías y a Instrumentos Públicos, y los bancos nos hicieron unos estudios de títulos y avalúo del inmueble. Todo el mundo sabía, todo el mundo conocía, por eso no entendemos que siendo víctimas de estos delitos, hemos sido maltratados por el gobierno distrital. Conocemos su anhelo de proteger nuestras vidas con el decreto 0058/17, porque se basa en unos estudios donde hay errores que fueron públicamente denunciados…”

Esas declaraciones de Villadiego, se dieron guiados por un sentimiento de indignación por la medida de evacuación, y se exacerbaron por las denuncias sobre las supuestas inconsistencia del estudio de la UdeC. La Fiscalía dijo, con pruebas de escuchas, que todo obedeció a un complot de los constructores piratas para desacreditar el estudio de la universidad e invalidar los cuestionamientos a los edificios.

Humberto Jimenez Pinto, visiblemente enfermo y cansado, llora su drama, e hizo llorar al Defensor del Pueblo, Carlos Negret. La trampa mortal que compró, pronto la dejará por decisión de un juez y a petición de la fiscalía, sus sueños se esfumaron como a las 760 personas que adquirieron los apartamentos de los 16 edificios y de otros que todavía no han sido codificado en la lista oscura de la construcción ilegal que fue un bum, que no solo benefició a los constructores piratas, sino también a Camacol, a los distribuidores de materiales, a las cementeras y a los dueños de canteras. Y muchos ingenieros asesoraron a los Quiroz y cía.

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