Más de diez alcaldes, abogados y concejales estarían en la mira de la Fiscalía por corrupción en el POT

Más de diez alcaldes, abogados y concejales estarían en la mira de la Fiscalía por corrupción en el POT

Tras el escándalo de corrupción que se desató al interior de la Fiscalía General de la Nación con la captura de Luis Gustavo Moreno, exjefe anticorrupción del ente investigador, se conoció que el mismísimo Néstor Humberto Martínez se apropió de varios temas para evitar desvíos en los procesos, de los cuales estarían involucrados más de diez alcaldes, abogados y concejales del país.

Pese a que Moreno tiene mucho que ver en la investigación con hechos de corrupción en el departamento de Córdoba, todo parece indicar que ahora volteó su mirada hacia varios municipio de Cundinamarca, donde presuntamente decenas de servidores públicos e incluso, de la rama judicial, habrían modificado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para beneficios económicos propios.

«Moreno no era fiscal de casos, pero sí coordinaba las investigaciones regionales y unas investigaciones en las cuales tiene mucho interés la Fiscalía, son los casos de corrupción a nivel nacional por los planes de ordenamiento territorial (POT). A esas investigaciones yo mismo les he estado haciendo seguimiento y van por muy buen rumbo. Pronto veremos serias determinaciones», expresó el fiscal general de la nación, Néstor Martínez.

En esas investigaciones que el fiscal menciona, al parecer Luis Gustavo Moreno estaría seriamente sumergido junto a varios abogados apoderados de los casos de algunos alcaldes de Cundinamarca y que hacen parte de prestigiosos bufetes.

Entre los alcaldes de Cundinamarca, estarían implicados, Alfonso López, alcalde de Gachancipá; Carlos Julio Rozo, exalcalde de Tocancipá; Walfrando Forero, alcalde del mismo municipio; Carlos Julio Moreno, alcalde de Cota; Jorge Enrique Machuca, alcalde de Funza; Jorge Rey, exalcalde de esta misma localidad; Álvaro Rincón, exalcalde de Mosquera, Giovany Villarraga, alcalde de Madrid; entre otros funcionarios.

La gran mayoría de estas investigaciones que enredan la vida política de decenas de funcionarios públicos, estarían racionadas con la violación del POT para su propio beneficio.

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