José Alfredo Flórez Julio, abogado y actual jefe de la oficina de conciliación en la alcaldía de Valencia sería presuntamente uno de los miembros principales del llamado «cartel de remate de bienes» de dicho municipio, quien viene siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación luego de la denuncia de varios de los afectados.
Se conoció que luego de la publicación en exclusiva de la Lengua Caribe, un fiscal delegado llegaría a la localidad a apersonarse de la situación. Por su parte el alcalde José Ignacio Gómez Ramos le pidió la renuncia al funcionario quien como señalamos anteriormente se desempeñaba como jefe de la oficina de conciliación y ayer le fue aceptada.
Como se recordará la denuncia de ciudadanos dejó en evidencia «las artimañas» que utilizaba la red de «profesionales y capitalistas»que se habrían unido para acelerar los procesos jurídicos de personas naturales cuyos bienes terminaron siendo rematados y comprados a bajos precios por dicho cartel en el municipio de Valencia, sur del departamento de Córdoba.
En el grupo operaban abogados, funcionarios públicos, jueces y otros profesionales que manipulan y aceleran los procesos jurídicos de personas. Operaban así, una vez conocían los datos de los afectados conseguían a los peritos o avaluadores, y ellos en su inspección a los bienes a rematar estipulan precios inferiores a los reales. Luego las propiedades eran compradas por otros capitalistas que también hacían parte del negocio.
Uno de los casos más sonados fue el de doña Mercy Maria Carrillo Vergara una ciudadana que le adeudaba la suma de 9 millones de pesos a la Dian y a quien presuntamente el abogado Florez Julio cuando se desempeñaba como inspector de policía en Valencia, le remató una finca de más de 40 hectáreas de terreno por un precio irrisorio.
«Ese señor siendo inspector remató en su propio nombre un propiedad de mi esposa, allí se juntaron, peritos, funcionarios de la Dian, secuestres, de todo, para rematar de manera ilegal porque ni el perito, ni el secuestre fueron asignado por la Dian y remataron la finca de mi esposa por un precio irrisorio, más de 41 hectáreas las remataron por 23 millones 500 mil pesos, cuando ni un lote medianamente grande vale eso». Señaló Luis Carlos Benavides Miranda, esposo de la afectada.
Otro caso que fue denunciado y en el que también tendría participación el abogado es el de una ciudadana a quien le remataron 58 hectáreas de terreno cada una por un valor de 2 millones 500 mil pesos, sin tener en cuenta que dentro de las cuales hace 10 años, 31 de ellas estaban con cultivos de teca.
Las denuncias acerca de los hechos fue presentada durante la primera fase del programa anticorrupción de la Fiscalía Bolsillos de Cristal que se llevó a cabo en enero de este año.