La Fiscalía presentó recurso de apelación ante la negativa de un juez de garantías de Bogotá para imponer medida de aseguramiento en contra del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, y el exalcalde, Carlos Eduardo Correa Escaf, por presuntos actos de corrupción administrativa.
La Fiscalía consideró que se cumplen con los requisitos necesarios para la privación de su libertad, tras la contundencia de los elementos materiales de prueba que los vinculan como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
La fiscal del caso advirtió que la privación de la libertad de estos funcionarios se hace necesaria y urgente por la probabilidad que existe de que ellos puedan interferir a su favor en la administración de justicia así como por la cantidad y gravedad de los delitos contra el patrimonio público.
De acuerdo con la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se registraron sobrecostos en la construcción y adecuación del Coliseo Miguel Happy Lora, en Montería.
“Se trata de los convenios firmados el 30 de diciembre de 2011, entre la Gobernación y el municipio de Montería, y otro del 25 de junio de 2012, suscrito entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social”, sostiene la investigación.
Manifestó que con los contratos se pretendía habilitar el escenario deportivo para los Juegos Nacionales del año 2012, pero los trabajos fueron entregados años después, con el agravante de haber sido construido con variaciones sustanciales a las obras inicialmente contratadas.
Asimismo, en este mismo proceso deberán responder el Director Ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, Pascual Guerrero Arana, y Samuel Eduardo Mora, quien se desempeña como funcionario de la interventoría.
Primero se investiga: juez 40
La posición de la Fiscalía fue duramente controvertida por la juez 40 penal de Bogotá, con función de control de garantías, quien señaló que la entidad no aportó pruebas contundentes para dejar en la cárcel a los dos funcionarios.
Insistió en que el nuevo Sistema Penal Acusatorio insiste en que primero hay que investigar y luego capturar, pero en el caso concreto, la entidad hizo todo lo contrario.
También consideró que los dos imputados no son un peligro para la sociedad y que tampoco dejarán de comparecer ante las autoridades competentes cuando sean requeridos, en aras de avanzar con el caso.