El reciente fallo de la Corte Constitucional, de liquidar a la EPS Manexka favorece directamente los intereses de la Superintendencia Nacional de Salud y vulnera los derechos de miles de afilados y de la población indígena del Resguardo Indígena Zenú. El fallo dirigido en dos sentidos protege por un lado el derecho a la Consulta Previa frente a lo que tiene que ver con la decisión arbitraria de trasladar los afiliados de dicha EPS sin haber consultado esta decisión con el colectivo indígena. Por otro lado va en contra de la institucionalidad indígena cuando decide no amparar las decisiones que habían dejado sin efecto la liquidación de la EPS.
En tal sentido la orden desconoce los argumentos que fueron puestos a consideración por parte del Cabildo Indígena que demostró la aceptación de toda la comunidad étnica diferenciada afectando el patrimonio colectivo del Pueblo Indígena Zenú.
«La asociación de cabildos Manexka, es una entidad de 20 años de trayectoria jurídica, un patrimonio colectivo del pueblo, esa decisión afecta y es un atentado contra los intereses de la comunidad étnica diferenciada en el entendido de que no se tiene presente medidas especiales que permitan salvaguardar la institucionalidad indígena. Digamos que lo que más nos preocupa de este fallo es que La Corte no haya previsto o determinado medidas especiales de protección hacia el patrimonio colectivo, más allá de las medidas administrativas que se vayan a discutir», dijo el abogado Jesús Albrey González, apoderado judicial en el tema de liquidación de la EPS Manexka por parte de la Supersalud.
Otro de los aspectos de la sentencia declara la improcedencia frente a la vulneración al debido proceso es decir que la Corte dice que no tiene competencia para decir si hubo o no violación al debido proceso y que esto será correspondiente a los jueces contenciosos administrativos, por lo tanto el debate frente a la vulneración del debido proceso continúa vigente porque no hay una decisión de fondo.
«Más que Manexka estamos viendo una afectación al colectivo como tal en referencia a que una empresa que era propiedad del Resguardo Indígena deja de percibir unos recursos importantes que eran invertidos en la región, nótese como la liquidación de esta estructura afectó en gran medida la economía del Resguardo Indígena, a los municipios de Tuchín, San Andrés de Sotavento entre otros cuyas poblaciones tenían una dependencia económica importante de esta estructura empresarial pues ya tiene un año de afectación , y muy seguramente el Estado va a tener que reparar toda esa afectación y en unas cuantías incalculables», agregó el jurista.
Así las cosas a las comunidades indígenas se les vulneró la posibilidad de administrar y de auto gestionar sus propios recursos, teniendo en cuenta la decisión de la Corte. Peor aún consideran los afectados que se ha manejado una desinformación por parte de la Superintendencia de Salud haciendo creer que la EPS manexka incurrió en irregularidades administrativas.
«En el caso de Manexka ha habido mucha desinformación por parte de la Superintendencia de Salud quien ha enmarcado a la empresa en una serie de presuntos actos de corrupción que no tienen un soporte jurídico ni probatorio, sin demostrar o acreditar dónde hay en realidad un peculado, dónde en realidad salió dinero a mano de qué particulares. Eso no está demostrado en ninguna parte lo que ha habido es una cortina de humo para poder manejar esta liquidación, por el momento tenemos una afectación muy grande», puntualizó González.
Ante la situación la defensa de la entidad solicitará a la Sala Plena de la Corte Constitucional que proceda a anular dicho fallo y a proferir uno diferente teniendo en cuenta que este se produjo por una sala de revisión integrada por tres magistrados más no es un fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
«Después de la solicitud de nulidad iniciaremos la acción contenciosa administrativa para obtener ante los jueces la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos porque la tutela solo iba sobre Consulta Previa y sobre el debido proceso que se dice que tiene que ser competencia de los jueces de la República», agregó.
De acuerdo con el gerente de la entidad, Saúl Lucas, lo que se ha vivido tras la intervención de Manexka es una verdadera tragedia en la que los únicos responsables han sido la Superintendencia y el espaldarazo que ahora le dió la Corte a la Supersalud.
«No nos han notificado (ayer) pero lo que hemos visto a través de los medios es que está teniendo en cuenta a la Supersalud y desconoce la decisión del Pueblo indígena Zenú. En estos momentos los trabajadores que venían ejerciendo sus actividades desde abril del año pasado hasta esta fecha no han recibido sus sueldos, sin contar con las deudas por conceptos de arriendo, servicios públicos porque desde la intervención existe un vacío jurídico que no ha permitido administrar. El cierre afecta a los prestadores del servicio de salud ya que los recursos que Manexka puntualmente giraba por concepto de UPC en estos momentos han sido gestionados hacia la red privada, se han debilitado los hospitales públicos, se ha debilitado la red de servicios indígenas obviamente todo esto va en detrimento de la población beneficiada y obviamente detrás de esos hay intereses, económicos y políticos muy poderosos a los cuales nos hemos tenido que enfrentar en este proceso.»
