A partir de este sábado 11 de noviembre, las entidades territoriales de Colombia no podrán realizar convenios interadministrativos para desarrollar proyectos en sus regiones, debido a que entrará en vigencia la Ley de Garantías.
La restricción que comienza a aplicarse el próximo sábado, como explicó Liliana Caballero, directora de Función Pública, limita a “los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas para celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos, independientemente de la naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad contratante”.
Esta restricción podría poner en riesgo al menos 480 proyectos que aún no cuentan con estos requisitos legales, arrancando por los que involucran directamente a la capital del país, como la primera línea del metro, que tiene un costo de $12,9 billones.
La Ley de Garantías Electorales deja, en promedio, una contracción de 25% en la contratación pública durante su vigencia en periodos electorales. Y es que las distorsiones en contratación son evidentes en estos años. Los procesos directos (nómina estatal), que quedarán restringidos a partir del 27 de enero del otro año, de acuerdo con la circular que expidió el Gobierno, son los más afectados. Según Colombia Compra Eficiente, durante el primer semestre de 2014, periodo que estuvo atado a la Ley de Garantías, se ejecutaron $21 billones a través de 238.339 contratos directos, mientras que en 2015, ya sin la Ley, este monto se incrementó hasta $25 billones.