El negocio detrás de las invasiones en Montería

El negocio detrás de las invasiones en Montería

Por Valeria Bohórquez Espinosa

Montería es una de las ciudades de Colombia con uno de los índices más altos en invasiones de terreno por parte de algunos de sus habitantes. Este no es tema nuevo para el país, incluso penetra a diferentes municipios del departamento de Córdoba.

Una de las invasiones más grandes de la ciudad data de 1988 cuando se invadieron nueve hectáreas en el que es conocido hoy en día como el barrio «Cantaclaro».

Marciano Córdoba, uno de los primeros habitantes del ya establecido barrio, explica que la invasión se llevó a cabo porque el gobierno de ese tiempo, el cual estaba a cargo del ya difunto exalcalde y exgobernador liberal, Jesús María López Gómez, conocido como «El Mono López», habría prometido una re ubicación de tierras a los habitantes aledaños al rio Sinú, que estaban siendo afectados por unas fuertes inundaciones.

Las 82 hectáreas restantes fueron tomadas de forma ilegal ya que los lotes que habían sido designados para la construcción de viviendas, estaban siendo reclamados por cabildos indígenas.

Casi 30 años después, la situación de Montería frente a este hecho sigue igual, nada parece haber cambiado. Yohelis Thomas Meza, actual habitante del barrio Cantaclaro, justifica la toma de dicho terreno como una rebelión. «El sistema de gobierno por el que estamos regidos actualmente es el culpable de que el pueblo tome medidas por su propia mano, vivimos en un país en donde los que están al mando no les interesamos realmente, solo les interesa su propio bien y el de su bolsillo.

También insistió en que «Estamos así porque ellos quieren que estemos mal, que sigamos siendo una bola de ignorantes, la mayoría de colombianos no tenemos casa propia, porque el gobierno así lo quiere».

Actualmente en la ciudad se presentan más de 40 invasiones identificadas, tales como Luz de Israel, ubicada en el barrio Mocarí, Villa Laura, Villa Jiménez, El Níspero, ubicado en la margen izquierda, Ranchos del inat, entre otras.

Con la llegada de aproximadamente 200 familias venezolanas, el problema de las invasiones ha llegado a límites inimaginables, el plan de gestión de la administración frente a esta problemática se ha visto en declive, ya que este supone un plan de contingencia que brinde soluciones a la población vulnerable que está viviendo en condiciones precarias e inhumanas.

El negocio detrás de las invasiones

A pesar de que muchos ciudadanos recurren a esta práctica por necesidad, ya que cabe mencionar que algunos viven en las calles, prácticamente en la indigencia, otras personas hacen de las invasiones un negocio rentable.

Así lo afirmo el Secretario del Interior de Córdoba,  Juan José González Jiménez, quien señaló que «Esta problemática va mucho más allá. Se ha convertido en un cartel organizado y las autoridades han identificado a algunos de los responsables, primero invaden y luego venden los terrenos de forma ilegal, esta situación no se justifica de ninguna manera y es un acto de delincuencia como cualquier otro».

Actualmente hay una situación crítica en la invasión «La Parrilla», ubicada cerca de la que fue en su tiempo una invasión Villa Cielo, en donde algunos de los invasores de los predios se encuentran vendiendo las tierras a quinientos mil pesos por lote.

Anteriormente se había presentado en invasiones como «Calle Larga», «Ranchos del Inat» «El Privilegio», «Nueva Belén», «Villa Jiménez» y «Papaya Gratis», donde se vendían los predios entre trescientos y quinientos mil pesos, dependiendo del tamaño de los lotes.

Pocas soluciones

Hoy en día las autoridades están actuando con inmediatez ante posibles invasiones y buscan desalojarlas de inmediato, que estas no se extiendan para no tener mayores inconvenientes a futuro, y se desalojen sin presentar alteración de orden público.

Aunque se presentan soluciones «rápidas» siguen sin presentar soluciones concretas y a largo plazo, la mayoría de veces en situaciones complejas interviene el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que se encarga de desalojar a las personas por orden de la autoridad judicial.

El año pasado, el actual alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, entregó junto a la ministra de Vivienda, Elsa Noguera de la Espriella, aproximadamente doscientos setenta títulos de vivienda en el sector Villa Cielo, como una vía de contingencia a dicho problema, así mismo se hizo en noviembre del mismo año, cuando el alcalde entregó ochenta títulos de propiedad a las familias más necesitadas de varios sectores (entre estos Villa Melisa y Villa Jiménez) ambas actividades aprobadas y dirigidas por la Oficina de Vivienda Municipal.

Clara López Sandoval, habitante de «Nueva Belén», una de las invasiones más recientes del municipio , ya desalojada, declara: «Esto no lo hago porque quiero, no estoy orgullosa de haber llegado hasta este punto, pero necesito un techo para mí y mis cuatro hijos, no tengo trabajo y no tenemos que comer, ni donde dormir, hemos estado viviendo en la calle por dos meses».

Esta problemática ha sido el blanco de muchas personas con buenas y malas intenciones para obtener viviendas gratis subsidiadas por el Estado, lo que lo hace un plan de desarrollo viable, pero con ciertas falencias visibles, «regalar» las cosas no siempre es la salida más fácil . Sin embargo, es la que más usa el Gobierno y la favorita del pueblo , aunque se rescata la colaboración de la alcaldía municipal para evitar la práctica ilegal de las invasiones, también se resalta la falta de interés para crear y ofrecer trabajos que prevengan y eviten dichas situaciones.

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