El abogado Álvaro Burgos del Toro fue condenado a 21 años de prisión luego del proceso que se surtió en su contra por su participación en el desfalco de más 80 mil millones de pesos al magisterio de Córdoba en el denominado cartel de la educación.
Por tal motivo el abogado Burgos del Toro fue capturado por la Sijín de la policía en octubre de 2015 en un operativo cuyos allanamientos conjuntos se realizaron en Cereté, Lorica, Montería y Sahagún, otros se realizaron en Cartagena y Barranquilla. En total fueron 17 los detenidos entre ex-secretarios de Educación, abogados y personas que ocuparon otros cargos públicos. Sin embargo, el Juzgado 79 de Control de Garantías de la capital de la República libró en la oportunidad 22 órdenes de captura por el mismo hecho.
A pesar de su colaboración con la justicia con miras a sellar un principio de oportunidad o al menos a recibir beneficios en la condena, El juez penal de Circuito de Bogotá lo condenó hoy viernes 7 de julio a 21 años de prisión.
Durante las ampliaciones de interrogatorio, el abogado Burgos prendió el ventilador contra el senador Armando Benedetti y algunos de sus más cercanos colaboradores. El abogado habría narrado detalladamente las circunstancias en que conoció al senador Benedetti y los términos en los que él le exigió el pago del 20% del dinero que estaba siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en Córdoba.
De acuerdo con el testimonio del doctor Burgos del Toro, a un enviado del senador Armando Benedetti Avellaneda se le hizo una primera entrega de 2 mil millones para pagar deudas de su campaña: “estos dineros fueron entregados al señor Jorge Peralta Nieves en las playas de Coveñas en un estadero que se denomina La Mona. Según Peralta lo que me comentó que eran para cancelar algunas deudas de la campaña política del doctor Armando Benedetti. Recibió el dinero en efectivo y se fue en compañía de varios amigos en camionetas…”.
El desfalco
Como se recordará los 80 mil millones de pesos se hicieron efectivos através de Fiduciaria y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para dicho pago la red de abogados, jueces, ex secretarios de educación entre otros realizaron la falsificación de documentos como resoluciones, poderes y certificaciones, con los cuales emprendían las acciones de reconocimiento de pago y ajustes de pensiones ante la juez de Lorica, quien contrariamente a la ley, ordenó el desembolso de multimillonarias sumas desde el año 2008.
En tal sentido los abogados constituían el título ejecutivo y, presuntamente, con la colaboración de funcionarios del juzgado, la juez de ese despacho de Lorica ordenó el mandamiento de pago contra la Fiduciaria la Previsora y contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dispuso embargarles los dineros que eran inembargables, que estaban en cuentas bancarios; decidiendo finalmente la entrega de más de $80 mil millones a los abogados
Según el fiscal de la época “durante los años 2010,2011 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de ese municipio, varios procesos ejecutivos laborales, para lo cual los abogados presentaban las demandas con poderes falsos así como resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba. Igualmente se hacían falsos reconocimientos de ajustes pensionales a docentes y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005”.Mancuso lo vinculara con su estructura a raíz de la participación de Benedetti en el denominado pacto de Tacasuán y en el que el legislador ofreció todo su concurso para ayudar a sacar adelante la ley 975 de Justicia y Paz.