Clínica habría aplicado medicamento falso a bebé, causándole la muerte

La fiscal quinta del grupo de Propiedad Intelectual y Comunicaciones, Flor Ángela Orjuela, dijo que la Clínica Amigos de la Salud le suministró a un recién nacido uno de los medicamentos que compraban a una red de falsificadores y que esto le causó la muerte en forma inmediata.

Se trata de la droga Survatan, la cual había sido procesada para su reutilización, luego que el laboratorio oficial la hubiera sacado de su inventario para que fuera incinerada.

La grave acusación la hizo el órgano investigador en el marco de la audiencia que se lleva a cabo en Montería, luego de la captura de 19 personas implicadas en una red que comercializaba drogas falsas y de los allanamientos que se adelantaron en las clínicas Amigos de la Salud y Evaluamos, así como en la IPS Mi Casa, Mi Hospital de la Sabana.

Ante esa acusación ante el juez cuarto penal municipal, la representante legal de la clínica, Marta Ana Bermúdez Gazabón, dijo que el medicamento suministrado al nenonato era original y que murió por causas diferentes, tal y como se podría corroborar en la epicrisis.

Pide cierre

La fiscal encargada de hacer las acusaciones en el caso de la red de falsificadores de drogas, también solicitó al juez el cierre de los tres establecimientos de salud, aduciendo que ponían en riesgo la vida de los pacientes que allí llegaban.

Explicó que la red tenía su centro de operaciones en Bogotá, pues las drogas que los laboratorios desechaban para que fueran incineradas eran entregadas a una firma, encargada del proceso, pero no se hacía sino que terminaban en una bodega donde le hacían un proceso para ser reutilizadas.

Dicha bodega estaba ubicada en la carrera 22 A número 6-06 de Bogotá y desde allí la llevaban a otro punto de la ciudad donde Orlando Herrera Salgado y Mario Alberto Ocampo Salgado las terminaban de procesar y luego la enviaban por empresas de correo a Barranquilla donde eran recibidas por Miguel Barrios Negrete, quien a su vez se encargaba de despacharlas a Montería, donde las recibía Orlando Marchena Barraza.

Barraza, era la persona encargada de ofertar las drogas a los tres centros asistenciales allanados, en los cuales fueron decomisados los medicamentos falsos. La fiscal advirtió que tienen interceptaciones de llamadas hechas entre el personal de las clínicas y él en la cual le piden que lleve facturas en blanco.

Dijo además que Marchena tenía una condena en el año 2002 y que las clínicas debieron averiguar con qué tipo de personas estaban haciendo negocios.

Advierten que no sabían

Los abogados defensores de las clínicas vinculadas al procesos coincidieron en que no están de acuerdo con la solicitud de cierre hecha por la Fiscalía y reiteran que fueron asaltados en su buena fe, pues desconocían que los medicamentos que estaban comprando fueran falsos.

Eduardo Flórez, defensor de la Clínica Evaluamos, dijo que los socios están igual de sorprendidos que las autoridades y que aplauden que la Fiscalía haya iniciado dicha investigación. Sin embargo, insiste en que no se puede hablar jurídicamente de una intervención, sino de una interventoría.

En igual sentido se pronunció Fernando Burgos Támara, defensor de IPS Mi Casa, quien dijo que son una empresa legalmente constituida y que fueron asaltados en su buena fe. «El actuar criminal de Marchena no puede ser asociado con la IPS en calidad de cómplice o copartícipes», reiteró.

Así mismo, Abrahan Mendoza Durante, defensor de Amigos de la Salud, calificó de absurda la solicitud de cierre hecha por la Fiscalía y solicitó que fuera denegada.