El capítulo del cartel de la hemofilia aún no se cierra. El dueño de una de las IPS vinculadas a la investigación, Guillermo Pérez Ardila, dijo que contará a la Fiscalía quién fue el funcionario de la Gobernación de Córdoba que autorizó el pago de una factura de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana.
Ese pago es el que justamente tiene en líos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, a quien la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses, por considerar que participó en uno de los actos de corrupción más grandes que se han detectado en Córdoba.
Mientras Besaile dice que no supo de ese pago, sino tres días después de haberse efectuado, la Procuraduría considera que no tuvo el suficiente control para manejar los recursos de la salud. Sin embargo, Besaile insiste en que dio todas las facultades necesarias al secretario de ese despacho, que para la época era el odontólogo José Jaime Pareja Alemán, quien también tiene orden de captura, pero está prófugo de la justicia.
Ahora Pérez Ardila, quien tiene casa por cárcel porque a través de su IPS Unidos por su Bienestar recibió pagos cercanos a los 36 mil millones de pesos para la atención de pacientes falsos con hemofilia, dijo que revelará ante la Fiscalía quién autorizó dicho pago.
Esa declaración, que dará la próxima semana, forma parte del proceso de colaboración con la justicia para lograr una rebaja de penas.