Un polémico caso suscitó luego que se conociera que la Procuraduría Regional de Córdoba abrió una investigación en contra del representante a la Cámara cordobés, Jorge Burgos.
Se trata de una investigación preliminar contra el congresista por asistir al lanzamiento del candidato a la Alcaldía de Lorica, Luis José Álvarez Vega, quien es la apuesta política de la ‘Casa Jattin’.
En este sentido, tanto la Procuraduría Regional en cabeza del Procurador Nicolás Barguil y la Procuraduría Nacional de la Nación habrían incurrido en prevaricato pues tal parece que, olvidaron que Burgos goza de un fuero especial por ser congresista y puede asistir a este tipo de eventos.
Cabe resaltar que, el representante, mejor conocido como ‘Titi’ Burgos pertenece a una de las familias más poderosas de Córdoba, y a pesar que la máxima representante del Jattinismo, Zulema Jattin, enfrenta un proceso por parapolítica, con Burgos, lograron tener una cuota en la Cámara de Representantes, es de recordar que este último se lanzó con el Partido de la U en el que militó la excongresista después de haber pasado por el liberalismo.
Como se sabe, recientemente la Procuraduría Regional de Córdoba citó a indagación preliminar a 24 funcionarios públicos, la mayoría empleados de la Alcaldía Municipal, por presunta participación abierta en política.
La prueba reina que dejaría en evidencia a varios funcionarios de la Alcaldía serían fotografías y videos que circularon sin parar por redes sociales, dicho material muestra una “manifestación política” realizada el pasado 8 de junio en el colegio de “Las Monjas” en donde ellos estarían participando.
En el escándalo aparecen involucrados el enlace del programa Familias en Acción, Deivi Junco; el coordinador del Sisbén, Carlos Campos; el jefe de contrataciones Miguel Burgos; otro que aparece relacionado es Hernán Peralta, jefe de talento humano del Camu Santa Teresita; también controlado por el grupo político que lidera la exsenadora Zulema Jattin Corrales, a través de la directora, Adma Teresa Manzur Martínez.
En caso de hallar mérito, el organismo disciplinario podría proferir sanciones como destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por diez años a los funcionarios denunciados.
Sin embargo, este no ha sido el único escándalo en el que el municipio de Lorica ha sido epicentro en los últimos días, pues la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación contra su actual alcaldesa, Nancy Jattin, otros funcionarios de la Alcaldía y dos rectores de instituciones educativas, por un proceso rotulado como «Estudiantes Fantasmas».