A través del decreto 1662 de 2019, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos, al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por recibir dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia.
El Ministerio Público halló responsable al exgobernador de Córdoba de haber incrementado de manera injustificada su patrimonio, por recibir la suma de $4 mil millones de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera trabajando con los pacientes con hemofilia que nunca existieron en los años 2013 y 2015.
Del mismo modo, la Procuraduría señaló que dentro del proceso adelantado se tuvo en cuenta el criterio de atenuación, ya que el disciplinado declaró su culpabilidad antes de la formulación de cargos y confesó los hechos investigados, admitiendo su responsabilidad y el impacto de las consecuencias generadas, por lo que disminuyó la inhabilidad general en tres años.
Con su actuar, Lyons vulneró los principios que rigen la función pública, omitió la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y no garantizó la transparencia, economía y eficacia que debe tener la contratación pública.
Cabe recordar que, por casi tres años el departamento de Córdoba, en cabeza del exgobernador Alejandro Lyons Muskus, pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que no existian, y 5.264 millones de pesos por tratamientos de equinoterapia y neurodesarrollo para niños que nunca los necesitaron.