Procuraduría abrió indagación en contra del alcalde de Montería por una presunta participación en política

Procuraduría abrió indagación en contra del alcalde de Montería por una presunta participación en política

En las últimas horas de este miércoles 23 de octubre, la Procuraduría Regional Córdoba informó que abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, por una presunta participación en política.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio Público, recibió quejas y denuncias sobre unos “supuestos actos tendientes a beneficiar la campaña del candidato Salin Ghisays, entre los cuales se encuentran fotografías del mandatario local junto al dirigente deportivo Juan Carlos Martínez, que portaba una gorra con un logotipo de la campaña Salin Alcalde”.

Asimismo, el órgano de control manifiesta a una grabación donde el candidato del movimiento ‘Lealtad con Montería’ envía mensajes a la comunidad con frases como: “hemos transformado la vida de muchos monterianos, con tu voto vamos por más cambio”, sin embargo, hasta el momento no ha habido pronunciamiento o denuncia de Pineda García sobre el mismo.

De igual forma, la Procuraduría Regional indicó que recibió quejas sobre la inauguración y participación en eventos deportivos, donde aparecería el alcalde de Montería junto a varios deportistas y en la parte trasera un logotipo de la campaña Salin Alcalde.

Además de todo lo anterior, para el Ministerio Público también hubo una presunta violación a la Ley de Garantías (la cual entró a regir desde el pasado 27 de julio y se extiende hasta el próximo domingo 27 de octubre día que se celebrarán los comicios electorales), ya que el alcalde de la capital cordobesa hizo la entrega de títulos de propiedad en el Vista Hermosa en la comuna 4, acto que está prohibido en época electoral.

Finalmente, la Procuraduría no solo solicitó escuchar bajo la gravedad de juramento a Juan Carlos Martínez, para que exponga los hechos de la indagación, sino que requirieron a Marcos Daniel Pineda informar si ha incumplido la ley de garantías con la inauguración de obras deportivas o sociales, además de entregar una relación detallada de los beneficiarios de los títulos de vivienda entregados.