La Lengua Caribe conoció una delicada denuncia que salpica a la administración municipal del municipio de San Pelayo, en cabeza de María Alejandra Forero, se trata de irregularidades en el manejo de recursos destinados a mitigar las consecuencias de la erosión del río Sinú, problemática que hoy pone en jaque la seguridad y la salud de los habitantes.
Por años, los pelayeros han sufridos los desbastadores efectos que trae consigo la erosión es por eso que rechazan y critican la indolencia que muestra la alcaldía con esa situación.
La denuncia que ya reposa en la Procuraduría de Córdoba, señala que la Gobernación ordenó trasferir recursos, mediante el decreto N°0127 del 21 de mayo de 2018, a título gratuito al Fondo de Gestión del Riesgo del municipio de San Pelayo con el objeto de hacerle frente a la calamidad pública decretada,
De acuerdo con la denuncia, para ese entonces el municipio había declarado de manera previa la situación de calamidad pública por temporada de lluvias y dictó otras disposiciones, como fue la de aprobar un plan de acción de fortalecimiento de jarrillón y reafirmación de corona en el sector del puente y la encañada.
Sin embargo, a pesar que los recursos fueron transferidos mediante la resolución 2641 de 2018 a la cuenta corriente denominada municipio de San Pelayo – CMGRD – Fondos especiales, por un valor de 150.000.000, todavía no se ha ejecutado las obras para iniciar el proyecto.
Ante esta situación, la población sufre las inminentes consecuencias de la erosión y no se explican que hizo su alcaldesa con el dinero destinado para mitigar esta problemática que hoy se acrecienta y amenaza con originar una tragedia.
“En estos momentos de invierno, existe el riesgo no solo que se pierdan o desvien los recursos del estado, sino también la vida de las personas, su salud, los bienes, la infraestructura, prestación de servicios, la economía entre otros”, señala el documento.
Finalmente, a través de la misiva solicitan la intervención de las distintas autoridades de control con la finalidad de evitar el detrimento de recursos públicos.