En un informe la Contraloría Departamental de Córdoba denunció un total de 588 hallazgos administrativos y 36 de tipo fiscal durante la vigencia de 2018 lo que dejan un detrimento patrimonial que supera los 12 mil millones de pesos.
Aunque el organismo de control se abstuvo de revelar mayores detalles sobre las investigaciones de rigor, señaló que su función “es establecer si se usan bien los recursos de la Nación y hacemos traslado de los hallazgos a la Procuraduría y a la Fiscalía en materia penal”.
Asimismo, la Contraloría informó que con relación a las auditorías regulares detectó un detrimento patrimonial que supera los $5.247 millones, “los hallazgos se detectaron en la Gobernación de Córdoba, por más de $1.289 millones; alcaldía de Sahagún, por $246 millones; Hospital San Jerónimo, por más de $1.754 millones; alcaldía de Valencia, por $97 millones, alcaldía de Ciénaga de Oro, por $635 millones, el Camu de Purísima, por $28.700 millones; la alcaldía de Planeta Rica, por $1.123 millones, y el Camu de Los Córdobas, por $72 millones”.
Por su parte, el Contralor Departamental igual reveló que en las auditorías especiales se obtuvieron hallazgos por más de $3.147 millones, mientras qie algunos de los hallazgos detectados fueron reportados en la Alcaldía de Cereté, por $367.316.035; Tierralta, $192.658.633; San Andrés de Sotavento, por $1.024 millones; y San Carlos, $150.000.000.
Igualmente señaló que figuran en la lista la empresa Aguas del Viento, de San Bernardo del Viento, por $559 millones; la Alcaldía de Moñitos, por $393 millones, y la Alcaldía de San Bernardo del Viento, por $214 millones de pesos.
“En cuanto a las auditorías exprés se reportaron hallazgos por más de $4.734, en entidades como el Camu de Purísima, por $4.100 millones, seguido de la Institución Educativa La Unión, del corregimiento de Palo de Agua, del municipio de Lorica, con cinco irregularidades fiscales por más de $400 millones de pesos, entre otros”.
Finalmente, el ente territorial manifestó que los hallazgos denunciados fueron trasladados a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que se establezcan las responsabilidades pertinentes.