Teniendo en cuenta la gran cantidad de quejas y reclamos que no son atendidos, la Procuraduría General de la Nación, exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, para garantizar la prestación del servicio a 3 millones 513 mil 551 usuarios de las EPS, Coomeva, Emdisalud, Convida, Comfacundi y Dusakawi.
En tal sentido advirtió el ente de control que es necesario se adopten medidas cautelares de vigilancia especial, que exijan el cumplimiento de los compromisos adquiridos para proteger la salud y la vida de los afiliados, y preservar los recursos públicos administrados.
En el caso específico de Coomeva que es la que presenta mayor númera de quejas e inconformidades por parte de los ususrios La Procuraduría solicitó a la Supersalud se adelanten las asiguientes acciones perentorias.
Remover al revisor fiscal y nombrar un contralor que adelante las acciones y estrategias necesarias para superar la crisis.
Presentar informes periódicos a la Procuraduría y la Contraloría.
Adelantar un plan de seguimiento que permita hacer control sobre la integración vertica.
Supervizar los giros directos que se adelantan al régimen subsidiado y contributivo.
Revisen los gastos administrativos.
Inspeccione la red contratada para verificar la prestación de servicios de salud y garantizar su calidad y oportunidad.
Para el caso de Emdisalud ,la EPS tiene una deuda superior a los 153.000 millones de pesos, que lleva ocho años en un proceso de intervención que a la fecha no ha mostrado resultados de mejora, y no cuenta con la red necesaria para garantizar la prestación de servicios en los 12 departamentos donde hace presencia. según lo indicó la Procuraduría.
SEgún el ente del Ministeri Público 453mil 524 usuarios de la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud (Emdisalud), se encuentran en riesgo, por las graves deficiencias en la función de aseguramiento y garantía de la prestación de los servicios de salud y por no contar con los escenarios e instalaciones adecuadas para brindar la debida atención.
En tal sentido la Procuraduría advirtió la imposibilidad jurídica y la inconveniencia de seguir prorrogando, por años, las medidas de vigilancia especial, por lo que pidió a la Supersalud adoptar medidas definitivas de revocatoria de la habilitación y la intervención forzosa administrativa, para administrar, o para liquidar la EPS.
Para los casos de las EPS Convida, Comfacundi y Dusakawi el ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud medidas cautelares de vigilancia especial para proteger los derechos de 842.460 usuarios del sistema de salud, pertenecientes a las EPS Dusakawi (211.319), Comfacundi (111.466) y Convida (519.675), que podrían estar en riesgo.
Dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se habrían encontrado evidencias que permitirían establecer que habría incumplimiento de las condiciones financieras establecidas, límite de gastos, falta red de servicios médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, alto número de tutelas y embargos y fallas en los programas preventivos.
El Ministerio Público solicitó que la remoción de los revisores fiscales de cada EPS y el nombramiento de contralores que vigilen directa y permanentemente la atención a los usuarios, la administración de recursos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como entidades prestadoras de salud, de acuerdo a la normatividad vigente.