Por: Robert Angulo.
Hace algunos días el senador Roy Barreras, radicó en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los miembros de la fuerza pública ejercer su derecho al voto. Esta iniciativa permitiría que 452 mil 373 colombianos que integran las fuerza militares puedan ir a las urnas, pero no serían deliberantes, es decir, no podrían intervenir en actividades o debates de partido o movimientos políticos y no podrían ser elegidos.
Fue en el gobierno de Enrique Olaya (1930-1934) concretamente mediante la expedición de la ley 72 de 1930 cuando se prohibió expresamente que los miembros de la fuerza pública pudiesen ejercer la función del voto mientras estuviesen en servicio activo, luego esa norma fue elevada a precepto constitucional la cual nos ha regido hasta la actualidad.
En América latina la gran mayoría de las naciones han otorgado con claridad constitucional el voto a sus cuerpos armados pero no pueden ser deliberantes, por mencionar algunos casos, tenemos a Paraguay, la constitución paraguaya en su artículo 173 establece: “Las Fuerzas Armadas de la Nación constituye una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta constitución y de las leyes.” Igualmente sucede en Chile y Estados unidos, donde de la misma manera se permite el voto de la fuerza pública pero no son deliberantes, en casos más recientes en repúblicas como Venezuela y Perú (1999 y 2006) donde existía prohibición taxativa del voto de las fuerzas militares, pero que luego fue modificada y se aprobó que estos ingresaran al registro de electores. Existen otros países como; Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala y la misma Venezuela donde se les garantiza ambos derechos, el de elegir y el de ser elegidos, tal es el caso de los oficiales que siendo activos pueden ejercer el derecho al sufragio y a la vez pueden ser elegidos miembros del cuerpo legislativo.
Colombia es un país especial, en unas condiciones de conflicto interno muy distinta a la de los países en donde se les permite a los militares la participación en los procesos democráticos, tenemos un conflicto de más de 50 años de existencia, estamos próximo a llegar a un acuerdo con la guerrilla más vieja del mundo, pero estoy completamente seguro, que si bien es un avance importante para lograr la pacificación, no es el fin del conflicto.
Pensaríamos que Colombia ha sido un país rezagado en la transformación de sus instituciones y que después de tantos años les seguimos cercenando un derecho fundamental a los miembros de la fuerza pública, como es el derecho a elegir, lo que de mantenerse sería una decisión inconveniente, indigna e injusta, reprochable e innecesaria de exclusión.
Pero, me asaltan dudas ¿Estamos preparados para que los miembros de la fuerza pública vayan a las urnas? o ¿ Está preparada nuestra fuerza pública para asumir esta responsabilidad?
Quienes apoyan que nuestra fuerza pública vaya a las urnas, lo justifican en que estamos a las puertas del fin del conflicto con la posible firma de los acuerdos de paz, y no tiene sentido mantener esa restricción. Pero surgen varias preguntas, ¿qué va a pasar con el resto de actores del conflicto armado, como la guerrilla del ELN, con los ya declarados grupos disidentes de las FARC E.P, con las bandas criminales, los grupos de narcotráfico ? ¿qué va a pasar con el posconflicto ante una eventual «bacrinizacion» de las FARC ? Este último interrogante solo lo sabe el Omnipotente, aunque sí podemos hacer nuestros propios pronósticos.
Ante una eventual «paz a medias» en el país, resultaría inconveniente esa reforma constitucional. Los cambios institucionales deben realizarse con cautela y no por simples caprichos o protagonismo, entonces ¿por qué cambiar el sistema actual si marcha bien y no se percibe descontento? los cambios suelen hacerse cuando hay crisis en las instituciones y este no es el caso, no descarto que más adelante cuando se negocie con todos los actores del conflicto y se logre una paz real y duradera, entonces sí podamos pensar en esa posibilidad.
Aunque se establezca que la fuerza pública no será deliberante como está estatuido en el proyecto de reforma constitucional, le estaríamos otorgando intrínsecamente a los militares la facultad de hacerlos partícipes de las pujas electorales y ya no estarían al servicio del estado sino de las fuerzas políticas con las que ellos comulgarían y eso sí sería sumamente peligroso para la democracia y aún la misma Institución. Recuerden que el monopolio de las armas está en cabeza de las fuerzas armadas quienes están al servicio del estado y no de las fuerzas políticas.
Ese mismo monopolio de las armas que bajo la clandestinidad «tuvieron» los paramilitares y que ha tenido la misma guerrilla para imponer en épocas electorales a través del poder intimidatorio de las misma, a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Es por ello que este proyecto de reforma constitucional debe ser analizado de manera concienzuda y racional para evitar graves consecuencias en nuestras instituciones, no quiero imaginarme a las fuerzas militares firmando manifiestos de refundación de la patria.
Imagínense tal y como lo expresó la reconocida periodista Vicky Dávila,» a los militares tomando partido en un país tan polarizado como el nuestro, para decidir quién será el próximo presidente», convertiríamos al Estado colombiano en una anarquía, que al final tendría a una fracción militar derrotada, pensando en un posible golpe de estado, generando inseguridad e inestabilidad en los gobiernos. Necesitamos una fuerza pública unida y cohesionada, sin intereses políticos, defendiendo lo que le corresponde, como lo es la soberanía del estado y preservando el orden público el cual ha sido su gran legado.
Esta propuesta del senador Roy Barrera, fracciona de manera significativa a la fuerza pública y la parcializa, consentiría además que desde una «aparente legalidad» se mezclen las armas con la política, lo cual es sumamente peligroso, tenebroso y los resultados de esa mixtura ya son bastante conocidos, es por ello que ese camino que se teje en el Congreso de la República que permitiría a la fuerza pública ir a las urnas, es inconveniente en este momento histórico para el país, porque podría generar una verdadera hecatombe para nuestras instituciones.